La Rectoría, función indelegable del Estado-quien a través de políticas rige y gobierna a todas las instituciones del Sector Salud- a fin de reducir, en el marco del desarrollo humano sostenible, las inequidades en las condiciones de salud de la población.
El Estado fortalece su papel rector, por medio de la Autoridad Sanitaria Nacional, instrumentando las competencias sustantivas que le son propias en materia de Conducción Sectorial, Regulación, Desarrollo de las Funciones Esenciales de la Salud Pública, Modulación del Financiamiento Sectorial, Vigilancia del Aseguramiento y la Armonización de la Provisión de Servicios; por tanto, la rectoría mediante estas funciones, busca garantizar el acceso universal y equitativo a la atención a la salud con criterios de calidad.
Las inevitables transformaciones de los Sistemas de Salud, oscilan entre la mercantilización admisible y las políticas públicas impostergables. Para que los cambios sean aceptables, los servicios públicos deben ser de eficiencia comprobada y los de cualquier proveedor, de calidad garantizada y económicamente accesibles para toda la población. La rectoría sectorial, ejercida mediante la regulación, asegura que dichas transformaciones no salgan de ese rango.
La Regulación Sectorial, como elemento toral de la rectoría, debe diseñar el marco normativo sanitario que proteja y promueva la salud de la población, garantizando su cumplimiento al ejercer la autoridad sanitaria, tanto a nivel nacional como subnacional.
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